Archivo mensual: septiembre 2014

Las verdaderas consecuencias legales de desobedecer el Tribunal Constitucional (Núria Orriols)

Traducción del artículo de Núria Orriols publicado en Vilaweb (04/09/2014)

http://www.vilaweb.cat/noticia/4209070/20140904/veritables-consequencies-legals-desobeir-tribunal-constitucional.html

Las verdaderas consecuencias legales de desobedecer al Tribunal Constitucional

VilaWeb consulta expertos en derecho constitucional y penal para averiguar qué vías legales puede emprender el estado español

Las instituciones catalanas han recibido muchas amenazas cuando se ha hablado de las consecuencias legales de mantener la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre en caso de que el Tribunal Constitucional español (TC) la suspendiera: prisión para el presidente Mas, suspensión de la autonomía y muchos más esperpentos, algunos de bastante dramáticos. Todo ello forma parte de la estrategia del miedo. Pero ¿qué hay realmente de cierto? ¿Qué herramientas tiene el gobierno español si los partidos soberanistas organizan la consulta, contra la prohibición del TC?  VilaWeb ha consultado expertos en derecho penal, constitucional e internacional, que han explicado qué disposiciones contiene el ordenamiento jurídico para actuar contra el proceso catalán.

El penalista Joan Carreras aclara, antes que nada, que el código penal español no está pensado para responder a procesos políticos, sino que sirve para ‘castigar’ en caso de delito. El proceso catalán es una aspiración política, perfectamente válida, dice, en el marco constitucional. De acuerdo con la sentencia del TC contra la declaración de soberanía, añade, se trata de una aspiración que puede encajar en la constitución española.

Hecho el matiz, Carreras explica que hay unos cuántos artículos del código penal que la parte interesada –el gobierno español–, haciendo una ‘interpretación forzosa’, podría invocar en caso de que el presidente de la Generalitat Artur Mas y el conjunto de fuerzas políticas partidarias del derecho a decidir mantuvieran la consulta a pesar de la suspensión cautelar del TC.

Ahora bien, cree que es complicado encontrar una ‘ensambladura rigurosa’ entre los delitos tipificados actualmente en el código y el hecho de convocar procesos electorales o una consulta, sin tener las atribuciones para hacerlo. Uno de los principios fundamentales de este ámbito del derecho, explica Carreras, es que para aplicar una norma penal hace falta que esta norma condene expresamente la acción enjuiciada, cosa que no pasa en este caso. ‘No se puede hacer nunca una interpretación perjudicial’ para el acusado, dice Carreras.

Este no era el escenario una década atrás. Carreras explica que en 2005 se derogó una parte del artículo 506 sobre usurpación de funciones. En este artículo –que había introducido el gobierno de José María Aznar en 2003– se castigaba la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum sin competencias para hacerlo, y las penas podían ser de tres años a cinco de prisión e inhabilitación. En la misma modificación, también se penalizaba quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas.

Estos artículos se modificaron durante el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, cumpliendo una de sus prometidas electorales. La exposición de motivos de la ley orgánica que modifica este artículo establece que las conductas a que se refieren los artículos modificados ‘no tienen suficiente entidad para merecer una respuesta penal, y menos todavía si se prevé la prisión’. Y dice, además, que ‘el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quienes no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes de la penal’.

Rebelión, sedición o prevaricación

Carreras admite, pero, que el gobierno del estado puede utilizar el código penal y acusar a Mas o al gobierno de Cataluña de rebelión, sedición, de usurpación de funciones o prevaricación. ‘Haciendo una interpretación sesgada, el gobierno español puede considerar que la actuación de Mas es constitutiva de estos delitos’, asegura. Esto abriría la puerta a un proceso judicial, de un aforado en el caso del presidente Mas, sometido a todas las garantías jurisdiccionales y procesales.

Carreras se refiere primero al artículo 506, relativo a la usurpación de atribuciones. Hace referencia a ‘la autoridad o funcionario público que, sin atribuciones, dicte una disposición general o suspenda la ejecución’. La sanción por esta actuación sería una pena de prisión de un año a tres e inhabilitación del cargo público.

Otro supuesto es el de ‘rebelión’, definida al artículo 472 como delito en que incurren aquellos quiénes se levanten violentamente y públicamente por unos objetivos –entre los cuales, ‘derogar, suspender o modificar totalmente o parcialmente la constitución’, o bien ‘declarar la independencia de una parte del territorio nacional’; en este caso, una declaración unilateral de independencia. La pena sería de doce años a veinte.

Ahora bien, Carreras remarca que en este artículo se requiere específicamente que haya violencia, y convocar la consulta no encaja en este supuesto.

Yendo más allá, también menciona el artículo 544 del código penal, donde se define el delito de sedición. ‘Los acusados de sedición son aquellos que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se levanten públicamente y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.’ La pena es de ocho años a diez de prisión.

Este artículo, dice Carreras, no habla de violencia, sino que hace referencia al concepto jurídico de ‘tumulto’, es decir, mucha gente la calle. Cree que es un concepto jurídico que ‘no tiene mucho sentido’.

En cuanto al abuso de poder, o prevaricación, se trata de un supuesto en que la autoridad pública –Mas, en este caso–, ‘sabiendo que comete una injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo’. La pena sería la inhabilitación en el cargo de siete años a diez.

Aun así, Carreras explica que Mas no favorece su propio beneficio o el de sus familiares y, además, que se tiene que valorar la parte subjetiva del delito. ‘Basta con firmar una resolución para cometer prevaricación’, dice, pero se tiene que tener en cuenta qué pretende el autor en su actuación.

Vale para las dos partes

Cuando Carreras explica estos artículos que puede invocar el gobierno español para acusar Mas, recuerda que el código penal lo es para ambas partes. Es decir, en el supuesto de que el gobierno del estado intentara suspender la autonomía –tal como se ha especulado muchas veces– también la parte catalana podría acusar Madrid de prevaricar, puesto que incurriría en un abuso de poder: ‘No únicamente puede ser acusado de determinadas actuaciones el presidente de una comunidad autónoma; también el estado.’

Qué mecanismos constitucionales tiene el gobierno español?

En relación con los artículos de la constitución que el estado español podría aducir si Artur Mas desobedeciera al Constitucional, Marcel Mateu, profesor de derecho constitucional de la UAB, se refiere al artículo 155. En él se especifica que ‘si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España […] con la aprobación del Senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de estas obligaciones.’

Mateu explica que el PP podría hacer valer la mayoría absoluta en el Senado para autorizar su gobierno a aplicar medidas extraordinarias, a pesar de que la constitución española no especifica cuáles.

Según él, el artículo 155 no es previsto para aplicarlo en un caso como el que se presenta, pero admite que el estado podría entender que se atenta contra el interés general de España. Dice que, en medios académicos, este artículo es conocido por ‘cláusula Companys’, es decir, que tiene el objetivo de evitar actos de desobediencia como los Hechos del Seis de Octubre del 1934, durante la Segunda República.

Sin recorrido internacional

Si el gobierno español acusara Mas de los delitos explicados anteriormente, sería juzgado en el estado español, como asunto interno. Más allá de esto, ‘no hay recorrido a instancias internacionales’, explica el politólogo Ferran Requejo. Aclara que no se podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no se trata de legislación comunitaria; ni a la Corte Internacional, que es un órgano de las Naciones Unidas, con la jurisdicción enmarcada en los estados miembros. Hoy por hoy, ‘Cataluña no es un actor político internacional’.

En cuanto al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cree que el caso se tendría que presentar como una cuestión de vulneración de los derechos humanos. ‘Entiendo que no tiene por donde cogerse’, dice. Además, para poder llegar a este Tribunal del Consejo de Europa, hay que agotar previamente las instancias internas de los estados. En el caso de España, después de pasar por las jurisdicciones correspondientes, llegaría al Tribunal Constitucional.

‘Una ley suspensa no se puede aplicar’

De acuerdo con la constitución española, si el gobierno español impugna una ley autonómica, el Tribunal Constitucional tiene que admitir la impugnación a trámite y suspender la ley y todo aquello que se derive. Marcel Mateu explica que, llegados a este punto, el TC tendrá cinco meses para levantar o no la suspensión cautelar de la ley.

El criterio que se usa para mantener la suspensión es el daño que puede causar la aplicación de la ley mientras el Tribunal Constitucional valora la constitucionalidad. En el caso de la ley de consultas, Mateu considera que ‘seguramente quedará suspendida’ hasta dictar sentencia. El periodo entre la impugnación y la decisión definitiva puede ser tan largo como quiera el TC. Ha habido casos de todo, recuerda: la sentencia en el recurso del estatuto tardó cuatro años, por ejemplo. Pero también pueden considerar que interese darse prisa: ‘Por desgracia el TC es un tribunal político, a pesar de que formalmente actúe como un órgano jurisdiccional.’

¿Y qué pasa si los partidos favorables al derecho de decidir, con el presidente de la Generalitat al frente, deciden llevar a cabo la consulta? Para Matáis está claro: ‘Jurídicamente, la ley de consultas no se podrá aplicar.’ Añade que para aplicarla hacen falta órdenes de la consejería implicada –en este caso, la de Gobernación que dirige Joana Ortega. Esto implicaría ordenar a los funcionarios de la Generalitat que actuaran de acuerdo con una ley suspendida: ‘Si lo hicieran, ordenarían a un funcionario de hacer algo que legalmente no puede hacer, lo pondrían en la disyuntiva de obedecer las órdenes de su superior o al Tribunal Constitucional.’

@JmRLluch

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Siete pasos y una hipótesis de ahora al 9-N ( de Pere Cardús en VilaWeb)

Siete pasos y una hipótesis desde ahora al 9-N

Traducción del artículo de Pere Cardús aparecido en Vilaweb (13/09/14)

http://www.vilaweb.cat/mailobert/4210496/set-passos-hipotesi-dara-9-n.html


La hemos hecho buena. ¡Vaya que si la hemos hecho buena! Este Once de Septiembre, trescientos años después de la tenebrosa derrota, hemos organizado uno de los golpes de efecto más fuertes de la historia de los movimientos políticos. No nos tiene que provocar ningún rubor comparar la movilización del jueves con los momentos más conocidos de las luchas por los derechos políticos y civiles de la historia de la humanidad. No tengamos ninguna duda que de aquí a muchos años todavía se hablará de esta fiesta como un día de dignidad y de recuperación.

Pero, ¿qué pasará de ahora en adelante? ¿Cuáles son los pasos siguientes de este proceso hacia la independencia? Os propongo ensayar unos cuántos, teniendo siempre en cuenta que es más importante ver claro el mapa de navegación que no la hoja de ruta. El primero sirve para saber por dónde se puede pasar, quien más navega por el mar y qué escollos hay que esquivar. El segundo es tan sólo una guía para hacer camino y tener horizontes claros, pero hay que aplicarlo con flexibilidad para no caer en trampas imprevistas. Quiero decir que no propongo ninguna hoja de ruta; que creo que teniendo claro el horizonte –la independencia– hay que tomar decisiones inteligentes y valientes en cada momento. Tan sólo pienso en voz alta –o por escrito– cuales son los pasos a hacer en un camino que ha tomado un impulso considerable y que, teniendo en cuenta el calendario, puede desbocarse muy pronto.

Primero. El lunes empieza el debate de política general. El presidente Mas lo abrirá con un discurso de dos grandes bloques: recuperación económica y libertad nacional. En este discurso, Mas tendrá que concretar su compromiso con el voto del pueblo catalán el 9 de noviembre. Él y los otros dirigentes del bloque soberanista tendrán que escribir el relato y la argumentación de base para el próximo mes y medio.

Segundo. Después del debate de política general, que se hará de lunes a miércoles, vendrá el referéndum de independencia de Escocia. Sea cual sea el resultado, habrá que aprovechar el ejemplo democrático de dos países civilizados en pleno siglo XXI. Si gana el no, el ejemplo es válido igualmente y esto tendrá que servir a los catalanes para no confiarse ni un segundo hasta el 9-N. Pero si gana el sí, las consecuencias pueden ser devastadoras para la estrategia de estatua de acero del estado español.

Tercero. Una de las posibilidades que no se tiene que descartar es que esta semana mismo, entre el debate de política general y la aprobación el viernes de la ley de consultas, se anuncie un gobierno de concentración con la participación, cuando menos, de Esquerra. Algunos movimientos de estas últimas semanas hacen pensar en esta posibilidad y, si se diera, sería un golpe de efecto definitivo que haría posible tomar bastante impulso para llegar al 9-N con todo el coraje necesario. También es posible que, si el objetivo de este gobierno es única y exclusivamente convocar y hacer la consulta, se añada alguno de los otros partidos del bloque –ICV y CUP–, si bien tengo la impresión que pesarán más otros intereses que no el sentido histórico del momento.

Cuarto. Con o sin gobierno de unidad, el viernes se aprobará la ley de consultas no referendarias con una mayoría agobiante del parlamento (el PSC ya ha anunciado que votará a favor). Y este momento ya será una primera concreción jurídica y política en el ejercicio de la soberanía proclamada hace algo más de un año y medio. El gobierno español podría recurrir al Tribunal Constitucional en este momento, antes del decreto de convocatoria. Pero todo hace pensar que presentará el recurso como un paquete contra los dos actos políticos –ley y convocatoria.

Quinto. Uno de los momentos decisivos será el de la convocatoria de la consulta sobre la independencia el 9-N. Esto pasará previsiblemente el lunes, si no se avanza la publicación de la ley al Diario Oficial de la Generalitat. Si se ha constituido un gobierno de unidad, la convocatoria la harán conjuntamente los líderes de los partidos del gobierno –Mas, Junqueras y Ortega o Espadaler, previsiblemente. Si CiU continúa estando sola en el gobierno, la hará el presidente.

Sexto. Una vez hechos ley y decreto de convocatoria, el gobierno español presentará un recurso al TC que tendrá que suspender provisionalmente los dos de una manera automática. Entonces, el alto tribunal español tendrá cinco meses para decidir si son constitucionales. Si considera que la suspensión cautelar causa más perjuicio del que evita, podrá levantarla en cualquier momento. Si lo hiciera antes del 9-N, la consulta se podría hacer sin incurrir en ninguna ilegalidad, desde el punto de vista español. Si no, la pelota estará al tejado de los partidos que aprobaron la fecha y la pregunta. Todavía queda la posibilidad que los magistrados españoles se reúnan urgentemente y tomen una decisión definitiva antes de acabar el octubre. Pero sería una novedad, vista su práctica habitual.

Séptimo. Entonces, con ley y convocatoria suspendidas cautelarmente por el TC, será el momento de definir las condiciones democráticas que debe tener la consulta para poder hacerse contra la orden de suspensión española. Los partidos del gobierno de unidad o los de la fecha y la pregunta tendrán que acordar cuáles son las líneas rojas que no se pueden traspasar para que la consulta tenga el reconocimiento internacional y la validez democrática.

¿Se podrá dar por buena si tan sólo han participado los favorables a la independencia y los contrarios la han boicoteado? ¿Qué pasará si hay municipios donde no se ha podido votar con normalidad? ¿Y si algunas mesas no se pueden constituir porque no se han presentado los miembros designados por el Govern? ¿Y si el estado español anuncia que multará a todos los funcionarios que colaboren en las votaciones y detendrá a los responsables de cada colegio? ¿Se podrá votar en la calle o esto contravendría un principio básico como el secreto y la libertad de voto? ¿Cuál es el criterio del comité de observadores internacionales que tendrá que certificar la validez de la votación?

Hipótesis. Una de las posibilidades que abre todo este conjunto de preguntas –y muchas más que habrá que tener previstas– es que se haga la consulta sí o sí, pero que no se haga el escrutinio si no se han podido asegurar las garantías democráticas acordadas. De este modo se cerraría la jornada con una imagen potente y reveladora de cara a la comunidad internacional y a la conciencia democrática: los catalanes con una papeleta de voto a la mano y las fuerzas de seguridad españolas impidiendo el voto por la fuerza.

Esta imagen daría una fuerza definitiva al pueblo catalán para proclamar la independencia unilateralmente después de unas elecciones con carácter plebiscitario. En cualquier caso, esta segunda fase del camino sólo se podría cumplir habiendo llevado la consulta del 9-N hasta las últimas consecuencias y siendo el bando antidemocrático el responsable único de haber retirado las urnas. Si se atrevieran, ya habrían perdido del todo.

Sea cual sea finalmente el recorrido para llegar a la independencia, el paso que se dio el jueves con esta colosal V en Barcelona es definitivo. Se cerró la etapa autonómica y empezó la cuenta atrás hacia la libertad. Trescientos años exactos después de la caída de Barcelona a manos borbónicas; trescientos siete años después de la batalla que permitió la entrada en el país del ejército de las dos coronas, en Almansa; doscientos noventa y nueve años después del último foco de resistencia catalana, en Mallorca; y trescientos cincuenta y cinco años después de la pérdida del Rosselló y parte de la Cerdaña, en el tratado de los Pirineos. Primero los unos y después los otros, todo el país irá recobrando la libertad perdida y tejiendo una historia de vida y esperanza como un solo pueblo. En paz y libertad.

@JmRLluch

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Desde la serenidad, los años acumulados, la experiencia, los conocimientos…

Comentario enviado sobre el artículo aparecido en El Huffingont Post:

http://www.huffingtonpost.es/esther-palomera/rajoy-tiene-un-plan_b_5744604.html?ir=Spain&utm_campaign=090114&utm_medium=email&utm_source=Alert-spain&utm_content=Title

Desde la serenidad, los años acumulados, la experiencia, los conocimientos… Qué lástima que sigan creyendo que todo eso del ‘independentismo’ es cosa de las castas políticas, sin darse cuenta que somos cientos de miles, algunos millones, de catalanes (la mayor parte trasladados del no-dependentismo al in-dependentismo) quienes apoyamos, deseamos, trabajamos, insistimos.. en recuperar lo que por la fuerza de las armas nos quitaron hace 300 años. La reforma constitucional – que un dia u otro le habrá de llegar a España – es para nosotros una forma más de perder el tiempo, un engañabobos, un intento de cambiar para seguir igual. Y no es eso. Desde mi uso de razón, de ello más de sesenta años, he (hemos) escuchado por todo el estado cuán maravillosos somos: luchadores, trabajadores, emprendedores…Ya se ha intentado muchas veces eso de la pedagogía, la ‘catalanización’… (Ese era el camino de Pujol) Y despues se nos ha golpeado donde más nos duele: la lengua, la capacidad de decisión, nuestras costumbres, las disponibilidades económicas… El ‘Muy Honorable’, al que todos ahora quieren echar mano para hundir el proceso, no es nuestro rey ni estamos emparentados con él. Algún dia la Historia (en mayúsculas) le reconocerá sus méritos, que en ningún caso van a quedar disminuidos por temas fiscales , más en el pais de la picaresca en el que desde niño te enseñan con orgullo aquello de ‘hecha la ley, hecha la trampa’. No se engañen, el ‘caso Pujol’ no va a afectar al proceso en si mismo, aunque está claro que muchos nos hemos sentido anonadados al conocerlo. Pero el destino de los pueblos está por encima de las vicisitudes de sus personas o personajes, por importantes que sean o hayan sido. La hipocresia de España es notoria, su capacidad de tergiversación y olvido más, sus falsedades y trampas (pan nuestro de cada dia), la corrupción generalizada (y despues me hablan de los paises africanos!), los dobles raseros y leyes amañadas (ejemplo: salvar la responsabilidad paterna de un ex monarca o quizás sus millones de euros en no-se-sabe-donde ni de-donde-proceden)… Hemos de seguir en el mismo carro? Nos será más fácil limpiar nuestra casa que esperar a que vengan terceros a hacerlo.

Es la hora! Primero el divorcio de una pareja que se nos impuso, despues constituir un estado propio moderno (hay muchos ejemplos en Europa en que inspirarnos), finalmente re-pactar nuestra alianza con España, si quiere, de igual a igual. El resto del mundo llegará por añadidura. Algunos e importantes estados no pertenecen ni quieren pertenecer a la UE. No es el fin del mundo, al menos para un país como el nuestro en el que el esfuerzo, la imaginación, la disciplina, el trabajo, la austeridad.. son valores practicados y defendidos.

España (mejor dicho , Castilla) se equivocará una vez más. Ya lo hizo con las independencias conseguidas por los paises sudamericanos y finalmente con la de Cuba. Castilla (España) exigió, negó, amenazó, castigó, peleó… Y perdió, porque la libertad siempre acaba ganando, tarde una generación o decenas de ellas. Blandir la espada del Cid no sirve para nada. Luchar contra la voluntad de un pueblo decidido puede que lleve a ganar la batalla, pero jamás la guerra.

Castilla-España debería tomar ejemplo del Reino Unido, que mantuvo y mantiene a todos sus pueblos en medio mundo unidos a traves de la Commonwealth, mancomunidad de naciones cuyo principal objetivo fue y es la cooperación internacional en el ámbito político y económico, y cuya pertenencia no implica sumisión alguna hacia la corona británica.

Pero cómo me atrevo yo a pedir que un bravo conquistador tome ejemplo de un sutil británico?

@JmRLluch

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